Nulidad de pleno derecho de una sentencia sobre plusvalía municipal: ¿cuándo puede solicitarse?
¿Puede solicitarse la nulidad de una sentencia judicial firme que desestima una reclamación de plusvalía municipal? ¿Qué sucede cuando un tribunal no responde suficientemente a una cuestión constitucional esencial o cuando se ha producido indefensión durante el procedimiento?
La declaración de inconstitucionalidad del sistema de cálculo de la plusvalía municipal mediante la STC 182/2021, de 26 de octubre, continúa planteando importantes controversias jurídicas, especialmente respecto de la limitación temporal de sus efectos y la protección de los derechos de los contribuyentes.
Una de esas controversias afecta a las solicitudes de rectificación presentadas después del 26 de octubre de 2021, pero antes de que la sentencia constitucional fuera publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado, el 25 de noviembre de 2021.
Pero existe una cuestión adicional que merece especial atención: la posibilidad de solicitar la nulidad de actuaciones judiciales cuando una sentencia firme pudiera haber vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución Española.
En AFEPLUS Abogados analizamos esta problemática desde una doble perspectiva: la eficacia temporal de las sentencias del Tribunal Constitucional y las garantías constitucionales que deben respetarse en los procedimientos judiciales.
1. ¿Cuándo puede declararse la nulidad de pleno derecho de las actuaciones judiciales?
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula los supuestos de nulidad de los actos procesales.
Su artículo 238 establece distintas causas de nulidad de pleno derecho, entre ellas:
- La falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.
- La realización de actuaciones bajo violencia o intimidación.
- La infracción de normas esenciales del procedimiento cuando haya podido producirse indefensión.
- La ausencia de intervención de abogado cuando resulte legalmente preceptiva.
- Los restantes supuestos expresamente establecidos por las leyes procesales.
Especial importancia presenta el artículo 238.3 LOPJ, relativo a la inobservancia de normas procesales esenciales cuando, por esa causa, haya podido producirse indefensión.
Ahora bien, no toda irregularidad procesal determina automáticamente la nulidad de una sentencia, ni toda discrepancia con su fundamentación jurídica constituye una vulneración de derechos fundamentales.
Cuando la resolución judicial es firme, la posibilidad de solicitar su nulidad debe examinarse conforme a los estrictos requisitos del artículo 241 LOPJ.
La regulación completa puede consultarse en los artículos 238 a 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicados en el BOE.
2. Incidente excepcional de nulidad de actuaciones contra una sentencia firme: artículo 241 LOPJ
El artículo 241.1 LOPJ contempla un mecanismo excepcional para solicitar la nulidad de actuaciones cuando se haya producido una vulneración de un derecho fundamental de los protegidos por el artículo 53.2 CE.
Para acudir a este procedimiento deben concurrir los siguientes requisitos:
- Que exista una posible vulneración de un derecho fundamental susceptible de protección por esta vía.
- Que la vulneración no haya podido denunciarse antes de la resolución que pone fin al procedimiento.
- Que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.
- Que la solicitud se presente dentro del plazo legalmente establecido.
El incidente debe promoverse ante el mismo órgano judicial que dictó la resolución que adquirió firmeza.
No se trata de una segunda instancia ni de una nueva oportunidad para discutir el fondo del litigio, sino de un instrumento extraordinario destinado a reparar determinadas lesiones de derechos fundamentales.
Cuando se estima, puede determinar la nulidad de la resolución judicial y la retroacción de las actuaciones al momento procesal necesario para reparar la vulneración.
3. La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de una sentencia
El artículo 24.1 de la Constitución Española garantiza el derecho a obtener una resolución judicial motivada y fundada en Derecho, así como la protección frente a la indefensión.
La motivación judicial no exige responder individualmente a todos los argumentos utilizados por las partes, pero sí proporcionar una respuesta jurídicamente suficiente a las cuestiones esenciales que resulten determinantes para resolver el litigio.
Por ello, cuando una parte plantea expresamente una controversia constitucional relevante, debe examinarse si la sentencia ofrece una respuesta suficiente, incluso cuando esta sea contraria a sus pretensiones.
Esta cuestión adquiere especial interés en las reclamaciones de plusvalía municipal relacionadas con la STC 182/2021.
En determinados procedimientos, los contribuyentes han cuestionado la aplicación de una limitación temporal anterior a la publicación oficial de la sentencia constitucional, invocando expresamente los artículos 9.3 y 164.1 CE y el artículo 38.1 LOTC.
En estos supuestos, la eventual vulneración del artículo 24.1 CE no puede deducirse simplemente de que el tribunal desestime la reclamación.
Lo relevante es determinar si la resolución judicial ha ofrecido una respuesta constitucionalmente suficiente a las cuestiones sustanciales oportunamente planteadas.
4. STC 182/2021: ¿puede aplicarse una limitación antes de su publicación en el BOE?
La STC 182/2021, de 26 de octubre, publicada oficialmente en el BOE, declaró inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Estos preceptos regulaban el sistema objetivo de determinación de la base imponible de la plusvalía municipal.
No obstante, el Tribunal Constitucional introdujo una limitación de efectos en su fundamento jurídico 6.B), considerando consolidadas determinadas situaciones tributarias cuya impugnación o solicitud de rectificación no se hubiera producido a la fecha de dictarse la sentencia.
La cronología resulta especialmente significativa:
- 26 de octubre de 2021: se dicta la STC 182/2021.
- 3 de noviembre de 2021: se difunde el texto íntegro de la sentencia en la página web del Tribunal Constitucional.
- 25 de noviembre de 2021: publicación oficial en el BOE.
- 26 de noviembre de 2021: día siguiente a la publicación oficial, relevante para la adquisición del valor de cosa juzgada conforme al artículo 164.1 CE.
La consecuencia práctica es que numerosas solicitudes de rectificación presentadas antes de la publicación en el BOE quedaron excluidas, con carácter general, de la posibilidad de obtener la revisión fundada exclusivamente en la STC 182/2021.
¿Cómo debe conciliarse esta limitación con el régimen constitucional de publicación y eficacia general de las sentencias del Tribunal Constitucional?
Esta es una de las cuestiones que consideramos jurídicamente relevantes, aunque la interpretación jurisprudencial actualmente aplicable resulte restrictiva para los contribuyentes.
5. Artículos 164.1 CE y 38.1 LOTC: publicación oficial y seguridad jurídica
El artículo 164.1 de la Constitución Española establece que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el BOE y adquirirán valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación.
Por su parte, el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, establece que las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad producen efectos generales desde su publicación oficial.
Ambos preceptos atribuyen a la publicación consecuencias jurídicas expresas.
Desde AFEPLUS Abogados consideramos que su interpretación debe relacionarse con el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE, especialmente cuando las consecuencias temporales de una sentencia constitucional pueden perjudicar al ciudadano.
La controversia exige distinguir dos aspectos.
Por un lado, la eficacia general y la publicidad oficial de las sentencias constitucionales.
Por otro, la facultad reconocida por la jurisprudencia constitucional para delimitar determinadas consecuencias retrospectivas de sus declaraciones de inconstitucionalidad.
Precisamente esta segunda facultad y su relación con la primera plantea el problema jurídico objeto de análisis.
No se cuestiona únicamente qué fecha estableció la STC 182/2021, sino la justificación constitucional de aplicar una restricción perjudicial para el contribuyente antes de la publicación oficial de la sentencia que la contiene.
6. Diferencias entre las SSTC 126/2019 y 182/2021 sobre la plusvalía municipal
La evolución de la jurisprudencia constitucional permite identificar una diferencia relevante en la delimitación de los efectos temporales de sus resoluciones.
Las SSTC 26/2017, de 16 de febrero; 37/2017, de 1 de marzo, y 59/2017, de 11 de mayo, utilizaron la publicación oficial de sus pronunciamientos como referencia para la necesaria adaptación legislativa del impuesto.
Posteriormente, la STC 126/2019, de 31 de octubre, relativa a los supuestos en los que la cuota tributaria excedía del incremento patrimonial obtenido, utilizó la publicación oficial como referencia para determinar las situaciones susceptibles de revisión.
Sin embargo, la STC 182/2021 estableció como referencia temporal la fecha de su dictado.
Esta diferencia merece especial atención desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica.
Mientras la STC 126/2019 utilizó la publicación como referencia para delimitar las situaciones revisables, la STC 182/2021 anticipó ese límite a la fecha de su adopción.
También resulta relevante la STC 45/1989, de 20 de febrero, fundamento jurídico 11, como antecedente de la doctrina constitucional sobre las consecuencias temporales de las declaraciones de inconstitucionalidad.
La interpretación de esta facultad de modulación ha sido objeto de debate dentro del propio Tribunal Constitucional.
Así, el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla manifestó en su voto particular a la STC 11/2024, de 18 de enero, sus discrepancias respecto de la extensión de las facultades de limitación de efectos sin una habilitación legal expresa suficiente.
Este voto particular no modifica la doctrina mayoritaria, pero constituye una referencia relevante para el análisis crítico de la cuestión.
7. ¿Qué dice el Tribunal Supremo en 2026 sobre la publicación de la STC 182/2021?
La jurisprudencia del Tribunal Supremo resulta determinante para evaluar las posibilidades reales de una reclamación.
En particular, la STS 798/2026, de 26 de junio, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, recurso 4105/2024, reiteró la doctrina establecida en las sentencias de 10 y 12 de julio de 2023.
El criterio mantenido es que las autoliquidaciones cuya rectificación no hubiera sido solicitada a la fecha del dictado de la STC 182/2021 tienen, con carácter general, la consideración de situaciones consolidadas a los efectos de aquella declaración de inconstitucionalidad.
En consecuencia, la solicitud presentada entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre de 2021 no permite, por esa sola circunstancia, beneficiarse de la declaración de inconstitucionalidad.
La STS 798/2026 resolvió precisamente un supuesto en el que la solicitud de rectificación se había presentado el 9 de noviembre de 2021, antes de la publicación oficial de la sentencia constitucional.
El Tribunal Supremo mantuvo su criterio restrictivo y desestimó la reclamación.
No obstante, la propia resolución reconoció las dificultades jurídicas de la controversia al resolver sobre las costas de primera instancia, acordando no imponerlas.
Esta circunstancia resulta relevante para valorar la complejidad de la cuestión, aunque no supone que el Tribunal Supremo haya aceptado la tesis de que la fecha determinante deba ser necesariamente la de publicación.
La STS 324/2026, de 16 de marzo: una situación diferente
En otros supuestos, el Tribunal Supremo ha reconocido que no existe situación consolidada cuando el litigio ya había sido tramitado y resuelto en vía administrativa antes del dictado de la STC 182/2021 y todavía estaba abierto el plazo legal para interponer recurso contencioso-administrativo.
Así se recoge en la STS 324/2026, de 16 de marzo, recurso 4603/2024.
Esta doctrina se refiere a una situación procesal específica y no supone una apertura general para todas las solicitudes iniciales de rectificación formuladas después del 26 de octubre de 2021.
La viabilidad de la reclamación depende, por tanto, de la situación concreta del procedimiento y de sus antecedentes administrativos.
8. Un supuesto práctico: reclamación de plusvalía presentada antes de la publicación oficial de la sentencia
La controversia no es meramente teórica.
En uno de los asuntos analizados por AFEPLUS Abogados, el contribuyente presentó una solicitud de rectificación de autoliquidaciones de plusvalía municipal el 5 de noviembre de 2021.
La solicitud se presentó después de que el Tribunal Constitucional hubiera dictado la STC 182/2021, pero veinte días antes de su publicación oficial en el BOE.
Además, la reclamación no se limitaba exclusivamente a invocar dicha sentencia constitucional, sino que comprendía otros motivos de impugnación relacionados con el método de cálculo de la base imponible, la capacidad económica y el posible carácter confiscatorio de la tributación.
Durante la tramitación del procedimiento se planteó expresamente la cuestión relativa a la compatibilidad del límite temporal con los artículos 164.1 CE y 38.1 LOTC.
Posteriormente, la reclamación judicial fue desestimada mediante sentencia.
La controversia constitucional planteada no consistía únicamente en determinar qué fecha había establecido la STC 182/2021 para delimitar sus efectos, sino en cuestionar la justificación constitucional de aplicar una consecuencia restrictiva anterior a su publicación oficial.
La defensa consideró necesario examinar si la resolución judicial había ofrecido una respuesta suficientemente motivada a esa objeción constitucional.
Por ello, se promovió un incidente excepcional de nulidad de actuaciones al amparo del artículo 241.1 LOPJ, denunciando una posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
La presentación del incidente no implica que la vulneración esté acreditada ni anticipa el sentido de su resolución.
Este supuesto permite comprender cómo una controversia inicialmente tributaria puede dar lugar también a cuestiones relacionadas con las garantías constitucionales del procedimiento judicial.
9. Indefensión por falta de acceso al expediente administrativo antes de dictarse sentencia
Además de la suficiencia de la motivación judicial, pueden existir otras circunstancias susceptibles de afectar al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Una de ellas es la falta de acceso efectivo al expediente administrativo.
Si durante la tramitación de un procedimiento contencioso-administrativo el expediente definitivo se pone a disposición de la defensa cuando ya se ha dictado sentencia, puede surgir una controversia sobre la efectividad de las garantías de contradicción y defensa.
No obstante, para apreciar una vulneración constitucional no basta con comprobar una coincidencia de fechas.
Será necesario acreditar que la parte no pudo conocer efectivamente la documentación relevante y que esa circunstancia produjo una indefensión material.
Esta cuestión debe valorarse teniendo en cuenta las actuaciones realizadas, las comunicaciones procesales y la incidencia real de la documentación sobre las posibilidades de defensa.
En determinados casos, la reparación de esa lesión podría justificar la retroacción de las actuaciones al momento necesario para garantizar el ejercicio de los derechos procesales correspondientes.
10. ¿Puede solicitarse la nulidad de una sentencia desestimatoria de plusvalía municipal?
Sí, pero exclusivamente cuando concurran los requisitos legales que permitan acudir a la nulidad de actuaciones y exista una vulneración de derechos fundamentales susceptible de reparación por esa vía.
Entre las situaciones que pueden justificar un examen jurídico específico se encuentran:
- La posible ausencia de una respuesta judicial suficientemente motivada sobre una cuestión constitucional esencial.
- La eventual indefensión material derivada de infracciones procesales relevantes.
- La vulneración del derecho de defensa o contradicción.
- Otros defectos procesales que, por su naturaleza y consecuencias, puedan constituir una lesión de derechos fundamentales.
Por el contrario, una sentencia no puede declararse nula simplemente porque la parte considere incorrecta la interpretación del Tribunal Supremo o porque el pronunciamiento resulte desfavorable.
La diferencia es fundamental para valorar correctamente la viabilidad del incidente excepcional de nulidad.
11. Plazo para solicitar la nulidad de actuaciones judiciales
Conforme al artículo 241.1 LOPJ, el plazo general es de 20 días desde la notificación de la resolución judicial o desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, con el límite máximo de cinco años desde la notificación de la resolución para este último supuesto.
Al tratarse de un plazo procesal, deben aplicarse las reglas de cómputo de días hábiles y las restantes previsiones procesales correspondientes.
Además, la interposición del incidente no suspende automáticamente la ejecución de la sentencia.
El órgano judicial puede acordar expresamente la suspensión cuando resulte necesario para evitar que el incidente pierda su finalidad.
Si se desestima, el artículo 241.2 LOPJ prevé la imposición de las costas del incidente al solicitante y, cuando se aprecie temeridad, una posible multa.
Por ello, se trata de una vía que requiere una valoración jurídica especialmente rigurosa.
12. Nulidad de actuaciones judiciales y nulidad de pleno derecho de liquidaciones tributarias: dos procedimientos diferentes
Es importante no confundir ambas figuras.
Nulidad de actuaciones judiciales
Se regula en los artículos 238 a 241 LOPJ.
Puede afectar a actuaciones procesales y resoluciones judiciales cuando concurran las causas legalmente establecidas.
En el caso del incidente excepcional del artículo 241 LOPJ, su fundamento debe encontrarse en una vulneración de derechos fundamentales que reúna los requisitos previstos legalmente.
Nulidad de pleno derecho de liquidaciones tributarias
Se regula en el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Este procedimiento especial de revisión permite declarar la nulidad de determinados actos tributarios cuando concurra alguna de las causas tasadas establecidas en dicho precepto.
Ambas figuras presentan diferencias en cuanto a su objeto, causas, tramitación y órgano competente.
Esta distinción resulta especialmente relevante en el ámbito de la plusvalía municipal, donde pueden concurrir controversias sobre la validez del acto tributario y sobre las garantías constitucionales del procedimiento judicial posterior.
13. La STS 339/2024 y la revisión de liquidaciones firmes de plusvalía municipal
La STS 339/2024, de 28 de febrero, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, recurso 199/2023, reconoció la posibilidad de acudir a la revisión de oficio de determinadas liquidaciones firmes de plusvalía municipal cuando se hubiera gravado una transmisión sin incremento de valor.
La sentencia fundamentó esta posibilidad en el artículo 217.1.g) LGT, en relación con la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 59/2017.
Esta doctrina es especialmente importante porque permite examinar determinados supuestos de liquidaciones firmes que pueden ser susceptibles de revisión cuando concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia.
Sin embargo, la STS 339/2024 no establece una causa general de nulidad de todas las liquidaciones firmes de plusvalía municipal, ni permite equiparar automáticamente la revisión tributaria con el incidente de nulidad de actuaciones judiciales.
Por ello, resulta imprescindible distinguir entre una reclamación dirigida contra el acto tributario y una solicitud de nulidad fundada en posibles vulneraciones de derechos fundamentales durante el procedimiento judicial.
14. Preguntas frecuentes sobre la nulidad de sentencias de plusvalía municipal
¿Puede declararse nula de pleno derecho una sentencia sobre plusvalía municipal?
En los supuestos legalmente establecidos puede solicitarse la nulidad de actuaciones judiciales. Cuando la sentencia es firme, el artículo 241 LOPJ exige que concurran los requisitos del incidente excepcional, particularmente la existencia de una vulneración de derechos fundamentales susceptible de reparación.
¿Una sentencia insuficientemente motivada puede ser anulada?
Puede serlo cuando la insuficiencia de motivación alcance relevancia constitucional y vulnere el artículo 24.1 CE. No basta una mera discrepancia con su contenido.
¿Qué sucede si el tribunal no responde a un argumento constitucional?
Debe examinarse si la sentencia ofrece, considerada en su conjunto, una respuesta suficiente a la cuestión sustancial planteada, incluso aunque esa respuesta sea implícita.
¿Puede reclamarse la plusvalía municipal si se solicitó la rectificación antes de publicarse la STC 182/2021?
Dependerá de la fecha concreta, la naturaleza de la actuación realizada, los motivos de reclamación y la situación procedimental.
La jurisprudencia general toma como referencia el 26 de octubre de 2021 para las situaciones consolidadas a los efectos de aquella declaración de inconstitucionalidad.
¿Qué plazo existe para promover un incidente de nulidad de actuaciones?
Con carácter general, veinte días procesales, conforme al artículo 241.1 LOPJ y a las reglas de cómputo aplicables.
¿Puedo solicitar la nulidad de una liquidación firme de plusvalía municipal?
En determinados supuestos puede acudirse al procedimiento del artículo 217 LGT, especialmente cuando concurra alguna de sus causas tasadas de nulidad y resulte aplicable la jurisprudencia correspondiente.
¿La nulidad de actuaciones permite recuperar automáticamente el impuesto pagado?
No. La estimación del incidente puede determinar la anulación de una resolución judicial y la retroacción de actuaciones, pero no supone necesariamente el reconocimiento del derecho a la devolución tributaria.
¿Es posible acudir al Tribunal Constitucional después de un incidente de nulidad?
En determinados supuestos puede valorarse la interposición de un recurso de amparo constitucional, siempre que concurran los requisitos legales de admisibilidad, incluidos los relativos a la especial trascendencia constitucional.
La presentación del incidente no garantiza la admisión posterior de un recurso de amparo.
15. Conclusión: la nulidad de actuaciones como garantía frente a vulneraciones de derechos fundamentales
La controversia sobre la STC 182/2021 pone de manifiesto la importancia de distinguir entre la interpretación del fondo de una reclamación tributaria y las garantías constitucionales que deben respetarse durante el procedimiento judicial.
El Tribunal Supremo ha mantenido un criterio restrictivo respecto de las solicitudes de rectificación presentadas después del dictado de la sentencia constitucional.
Sin embargo, desde AFEPLUS Abogados consideramos jurídicamente relevante seguir examinando la relación entre publicación oficial, seguridad jurídica, motivación judicial y tutela judicial efectiva.
La cuestión constitucional planteada no consiste únicamente en determinar qué fecha estableció la STC 182/2021, sino en analizar cómo se justifica la aplicación de una limitación temporal perjudicial para el contribuyente anterior a su publicación oficial.
La nulidad de actuaciones no puede utilizarse para reabrir indiscriminadamente procedimientos finalizados, pero constituye una garantía extraordinaria cuando se acredita una vulneración de derechos fundamentales que no ha podido ser reparada por los recursos legalmente previstos.
La correcta identificación de esa vulneración, el análisis de la sentencia y la revisión completa del expediente resultan determinantes para valorar si existe una vía procesal viable.
16. AFEPLUS Abogados: reclamaciones de plusvalía municipal y nulidad de actuaciones judiciales
En AFEPLUS Abogados estudiamos reclamaciones relacionadas con el impuesto de la plusvalía municipal, incluyendo liquidaciones firmes, solicitudes de devolución de ingresos indebidos, situaciones consolidadas y posibles vulneraciones de derechos fundamentales durante los procedimientos judiciales.
Si has recibido una sentencia desestimatoria sobre una reclamación de plusvalía municipal, conviene examinar su fundamentación, los motivos previamente alegados y los plazos legales antes de descartar posibles actuaciones.
Si consideras que una resolución judicial no ha dado una respuesta suficiente a las cuestiones constitucionales planteadas, podemos analizar tu documentación y valorar si existe fundamento para solicitar la nulidad de actuaciones.
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