BREVE RESUMEN DE DATOS SOBRE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL
El pasado 16 de febrero, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el cobro de la plusvalía municipal en aquellos casos en los que la venta del inmueble se haya cerrado en pérdidas, es decir, a un precio inferior al de compra. Las Haciendas locales habrían recaudado 8.000 millones de euros por esta vía.
Las tasadoras estiman que este pronunciamiento judicial puede afectar a los antiguos propietarios de 550.000 inmuebles. Estos contribuyentes se habrían visto obligados a pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), aún a pesar de que no obtuvieron ningún beneficio con la venta de sus viviendas, fincas o locales.
El Ayuntamiento de Madrid obtuvo 213,9 millones de euros por esta vía, mientras que en 2015 ya eran 683,1 millones los que se embolsaba la Administración local de la Villa y Corte. Por tanto, la recaudación se triplicó durante el último lustro. Y, para colmo, el aumento de los ingresos en el resto de Ayuntamientos fue alrededor de un 50% más bajo (3,19 veces más en el caso de Madrid, 1,7 veces más en el resto de corporaciones locales).
Los ayuntamientos trazan una estrategia para evitar la devolución de los 8.000 millones cobrados por plusvalías en la venta de viviendas. Denegarán las reclamaciones para retrasar el reintegro a los afectados que han pagado este impuesto, y que acaba de suspender el Tribunal Constitucional, en caso de que registraran pérdidas en la operación.
El Constitucional ha decidido que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como impuesto de plusvalía municipal, es inconstitucional. O que, al menos, lo es cuando no se produce una ganancia real, es decir, una plusvalía.
Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y la grave crisis económica, los inmuebles comenzaron a perder valor de manera sensible, haciendo que muchas operaciones de compra-venta se saldasen con minusvalías para el vendedor. Sin embargo, la Administración Pública y, en concreto, los Ayuntamientos, que son los que recaudan este impuesto, han seguido reclamando su parte en estas operaciones.
El conjunto de las administraciones locales recaudaron, según la liquidación de los Presupuestos, más de 2.600 millones de euros en 2015, casi 2.300 en 2014 y cerca de 2.000 en 2013, lo que convierte a este impuesto en uno de los más importantes para los Consistorios. La suma total a 8.000 millones de euros.
